Hoy, 13 de abril de 2012, se cumple una década de impunidad frente a la masacre del Naya, hoy cientos de familiares de las víctimas aún se encuentran en situación de desplazamiento forzado, hoy más de 50 personas de la región del Naya permanecen desaparecidas, hoy, con la extradición de los paramilitares, el país sigue perdiendo, en especial los familiares de las víctimas; hoy sigue perdiendo la verdad; hoy la justicia permanece postrada ante los autores intelectuales y políticos departamentales y nacionales, ante militares y empresarios, a quienes no se les ha abierto proceso jurídico alguno, a pesar de haber sido involucrados por “HH” en el juicio seguido contra el bloque calima.

Los habitantes del Naya han exigido del Estado colombiano la titulación de sus tierras como mecanismo preventivo ante amenazas de nuevos desplazamientos forzados y para proteger el derecho a la existencia como pueblos indígena y afrodescendientes, lo cual han hecho a través de acciones jurídicas que buscan el reconocimiento legal de 190.000 hectáreas de tierras que alega la universidad del Cauca le pertenecen, siendo que han permanecido habitadas centenariamente por indígenas y afrosdescendientes. De igual forma, es sabido que el Consejo de Estado halló responsabilidad de la fuerza pública en la masacre, por omisión y falla en el servicio para evitar la incursión paramilitar, ordenando al Estado reparar a las víctimas por daños morales y alteración grave de las condiciones de existencia, así como a publicar la síntesis de ese fallo en un diario de circulación nacional.