Parafraseando a Martin Luther King: la historia nuestra ha sido una gran ilusión de dominación. Una violenta y dolorosa ilusión de dominación, diría yo, que sólo puede repararse con la realidad de la justicia. Así, cuando discutimos sobre los cambios en la distribución del territorio y de la productividad de la tierra, y de la participación política, y de drogas, no estamos discutiendo porque ese sea el programa de las FARC y es lo que toca darles para que acepten desmovilizarse. Estamos discutiendo esos puntos porque en ellos se expresan muchas ilusiones, muchas injusticias: que una nueva ley de tierras mal hecha va a calmar los problemas en el campo; que se puede matar a todos los comunistas y alcanzar el consenso indiscutido entre democracia representativa y neoliberalismo; que a punta de masacres se puede hacer callar para siempre a las poblaciones, etc. Y estamos discutiendo el punto de víctimas, porque esas ilusiones se han pretendido infringiendo sufrimientos que las víctimas mismas lograron demostrar como insoportables, vinculando la legitimación del régimen político a la resolución de la deuda causada.

En la discusión sobre justicia transicional, que parece un teatro en el que habla César Gaviria respaldado después por Santos como si no hubiera nada planeado de antemano, lo grave es que se pone en peligro el camino posible de una transición que tiene que ser justa para que realmente sea una transición a la paz. Y es una lástima que aquí ya no se le esté dando la misma relevancia a la voz de las víctimas, que en vez de ser un fantasma que reclama cárceles irresponsablemente, como se supone, se trata de una voz muy consciente de los problemas centrales por resolver.

En materia de derechos de las víctimas una transición justa depende de que se logre la verdad. Pero en vez de estar caminando en esa dirección, mientras se discute de justicia transicional aquí se están dejando perder los archivos del DAS, y se está queriendo imponer que los peores crímenes de lesa humanidad han sido meras fallas del servicio del Estado (ver:http://goo.gl/cjWPyD), por ejemplo.

La justicia, que sólo Uribe con su bajísima autoridad moral defiende ahora como un problema de encarcelamiento masivo, supone la desestructuración del poder vigente de quienes se han beneficiado de las violaciones graves a los derechos humanos, pero lo que está ocurriendo es que están queriéndonos decir que este es un asunto moral de castigo de los guerrilleros malos, sin que se avance en la identificación de los enriquecidos a punta de masacres y desapariciones.

La reparación no puede significar “volver las cosas al estado anterior” como si ello fuera posible o deseable, sino un salto material y moral, con especificidades para las víctimas directas, pero dentro de un programa general. Mientras se impone el debate sobre justicia transicional, el gobierno quiere profundizar la financiarización y privatización de los derechos sociales con el PND, hace tiempo identificadas como las vías para que su acceso sólo sea posible para unos pocos.

Pasar de la ilusión de la dominación a la realidad de la justicia es cumplir con el llamado a la democratización profunda de la que están hablando los informes como el Basta Ya, y varios de los de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Pero en vez de asumir ese reto, el debate de élite sobre la justicia transicional amenaza con dejar de lado las condiciones fundamentales de la no repetición. Para no terminar en un postconflicto violento, tenemos que acabar con el negacionismo acerca de la responsabilidad del Estado que fundamenta el aumento astronómico en el presupuesto de seguridad y defensa como una política de paz. Debe discutirse el modo militarista y represivo con que se sigue tratando a las poblaciones y comunidades que exigen sus derechos. Cambiar el orden de las cosas actuales, o esperar a que nos coma el trigre.

Por: José Antequera